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escuchasLos procuradores y fiscales generales de todo el país volvieron a solicitar hacerse cargo de las intervenciones telefónicas en todas las causas que no sean federales.

El pedido realizado por los presidentes del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y del Consejo Federal de Política Criminal de los Ministerio Públicos de la República Argentina, Alejandro Ficoseco y Eduardo Quattropani, respectivamente, se realizó al tratarse la semana que viene en la Cámara de Diputado el proyecto de ley para reformar la Secretaría de Inteligencia que ya cuenta con media sanción del Senado.

Las entidades que agrupan a los Procuradores y Fiscales Generales de todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, elevaron una nota (que se adjunta) enviada a todos los presidente de bloque de Diputados en donde afirman que: “La autonomía investigativa de los Ministerios Públicos Fiscales, como factor fundamental de la independencia judicial, debe ser concretada eliminando las situaciones de total dependencia de los fiscales a la cooperación de organismos del Poder Ejecutivo, que han caracterizados a la tradición del proceso penal de la Argentina“.

Y agregan que “asimismo aparecería como contrario al orden constitucional y en especial a nuestra organización federal, el centralizar esta atribución, cuando se trata de causas provinciales o Ciudad Autónoma, en el Ministerio Público Fiscal de la Nación”.

Por eso propusieron que “en las causas de competencia de la Justicia Federal o Nacional, las intervenciones telefónicas sean practicadas conforme los recaudos previstos por la legislación procesal penal, por un organismo técnico pertinente, dirigido y supervisado por el Ministerio Público Fiscal de la Nación”.

Y que “en causas de competencias de las justicias provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las intervenciones telefónicas sean practicadas conforme los recaudos previstos por las respectivas legislaciones procesales, mediante organismos técnicos provinciales supervisados por los Ministerios Públicos Fiscales” locales.

Asimismo alertaron que “el desconocimiento de las autonomías provinciales vician, a nuestro criterio, de inconstitucionalidad la norma; exteriorizándose, a más, un claro vacío legislativo respecto a la situación en que quedan las investigaciones en causas judiciales de las Provincias y Ciudad Autónoma, lo que tiene entidad para generar en el futuro un no deseado desorden legislativo en la materia”.

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