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Rodriguez EstevezSiempre es bueno que los ciudadanos pensemos y debatamos públicamente sobre el sistema penal que deseamos para nuestra sociedad. La política criminal de un Estado determina cómo nos posicionamos frente al delito. Ahora bien, la tarea principal es saber hacia dónde queremos ir para que todos nuestros esfuerzos tengan un sentido claro que permita diferenciar objetivos de corto, mediano y largo plazo. No hay buenos vientos cuando no sabemos hacía donde nos dirigimos.

 

Un enfoque integral de la política criminal debería abarcar tanto la reforma del código penal próxima a debatirse en nuestro Congreso-, como también la actualización del sistema de administración de justicia -aquello que se conoce como proceso judicial-.

Estos dos ejes podrían ser los pilares de un trabajo interdisciplinario que permita diseñar un plan integral de política criminal para las próximas décadas, con independencia de los gobiernos que se sucedan. Esto permitiría que nuestro país pueda encarar un proceso de reforma que permita un trabajo continuo y permanente en políticas públicas que evite que siempre volvamos a empezar.

Es cierto que los consensos en esta materia son difíciles de alcanzar. Siempre el derecho penal ha sido un campo propicio para fuertes debates internos y públicos. La discusión sobre la cuestión penal atraviesa a la sociedad y la interpela permanentemente. La propia definición de delito; la concepción que se adopte sobre los fines y las funciones de la pena; la discusión sobre cómo enjuiciar a quien se acusa de la comisión de un hecho ilícito son, por solo mencionar algunos, temas de permanente y renovada discusión. A ello se suman los reclamos ciudadanos por mayor seguridad y la necesidad de una respuesta eficiente del sistema penal.

Una posible manera de canalizar esta búsqueda de consensos podría ser a través de una mesa del diálogo, con amplia participación de todos los sectores, que permita sentar las bases para trabajar en una política criminal integral que priorice el bien común por sobre intereses particulares. La carta que el Papa Francisco envió a los participantes del XIX Congreso Internacional de Derecho Penal y del III Congreso de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, abre una puerta para la canalización de una oportunidad de diálogo que no puede desaprovecharse.

Si entendemos que el derecho penal es una herramienta legítima y útil para enfrentar situaciones de conflicto que ponen en crisis la convivencia ordenada y pacífica de nuestra comunidad, entonces sí podrán construirse determinados consensos que permitan trabajar a futuro. Por el contrario, si la reforma penal termina trasluciendo la imposición de una corriente de pensamiento por sobre otra, y eso se materializa en un pase de facturas entre las distintas concepciones del Derecho penal, desnaturalizamos la oportunidad que el presente nos ofrece.

Posibles puntos de partida

La mejora constante del sistema educativo, la promoción de la cultura del trabajo y los esfuerzos públicos y sociales para erradicar la pobreza constituyen, a largo plazo, la mejor manera de prevenir la comisión de delitos. Sin esfuerzos coordinados sobre estas áreas, el aumento de las penas es una respuesta ilegítima e ineficaz del derecho penal para enfrentar las demandas de la sociedad de mayor protección.

En lo inmediato, también parece razonable pensar que frente a la comisión de un delito, la eficiente actuación del sistema judicial tiene un efecto disuasivo. La imposición de una sanción penal proporcional con el hecho cometido no es un abuso de poder del Estado y puede tener como una posible función social, restablecer la vigencia del ordenamiento jurídico y ser una manera de contribuir a la integración de la comunidad y evitar la impunidad. No es lo mismo cumplir con la ley que violarla.

Una política criminal integral tampoco puede dejar de enfrentar la delincuencia económica y el creciente crimen organizado que ataca las instituciones y se canaliza a través del conocido flagelo de la corrupción. Sin una aplicación justa y equitativa de la ley penal, toda reforma que se intente será un ropaje que encubra un empleo selectivo de las normas que terminará generando más injusticia.
Las leyes penales y procesales pueden modificarse y mejorarse, pero si la organización del trabajo en nuestros tribunales sigue anclada en oficinas judiciales propias de la época colonial, toda idea de cambio será doblemente costosa. Otro tanto sucede con el sistema de controles. Si vamos a comenzar a pensar en alternativas a la pena de prisión como única respuesta frente al delito, es importante que la reforma vaya acompañada de un estudio de su implementación, para evitar que el nuevo sistema sea un modo solapado de vaciar de contenido la función social que se le asigna a la sanción. Una pena que se impone, pero su cumplimiento no se controla por fallas del sistema, pierde todo sentido social.

Todo ello sin olvidarnos del factor humano. Se necesitan personas capaces y comprometidas que crean en el sistema penal como respuesta legitima ante un problema real y concreto como es el delito. Una escuela judicial que forme jueces independientes de poderes públicos y privados, y una Universidad que aporte abogados que actúen como auxiliares de la justicia, garantes de la legalidad y la dignidad de sus representados, constituyen también puntos esenciales.

Una reforma penal que no sea integral generará adhesiones y críticas, pero corre el riesgo de perder el contexto general en el cual deberá implementarse. Sería prudente mucho diálogo y mucho debate en estos tiempos, sin caer en la prisa que generan la urgencias electorales. Nuestro país lo necesita y podemos hacerlo. Nadie podría decir que el esfuerzo no vale la pena.

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